Migración venezolana: un enfoque clave tras Maduro

La migración venezolana ha adquirido una nueva dimensión tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, un evento que provocó celebraciones masivas entre los venezolanos tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, surgieron inquietudes en el ámbito gubernamental del continente respecto a cómo este cambio podría influir en los cerca de 8 millones de venezolanos que residen en el extranjero. ¿Este momento podría facilitar un regreso significativo de migrantes y refugiados? ¿O la migración venezolana seguirá siendo una constante en el panorama regional, tal como ha ocurrido en la última década? Por el momento, la respuesta sigue siendo incierta. La situación dentro de Venezuela sigue siendo volátil, y es difuso saber si habrá un aumento en la inestabilidad, un estancamiento prolongado o una transición negociada. Por eso, muchos venezolanos en el exterior aún no se sienten listos para decidir regresar. La mayoría está a la espera de señales claras sobre la política, las condiciones económicas y la seguridad antes de reconsiderar sus opciones. El alcance del desafío que enfrenta la migración venezolana no debe ser subestimado. Este éxodo es la mayor crisis de desplazamiento en la historia del hemisferio occidental. De los cerca de 8 millones de venezolanos en el exterior, aproximadamente 3 millones se encuentran en Colombia, seguido de Perú, que alberga a alrededor de 1,5 millones. También hay poblaciones significativas en Brasil y Chile, con cerca de medio millón en cada país, así como en Ecuador, que tiene alrededor de 450,000 venezolanos. Estados Unidos, donde residen casi 1 millón de venezolanos, ha visto duplicar su población desde 2019, y España, que acoge a unos 600,000, también ha emergido como un destino importante. Sin embargo, la mayoría de la diáspora venezolana sigue concentrándose en Sudamérica. La fuerte insistencia del gobierno estadounidense en controlar la migración y las deportaciones—que afecta a venezolanos y otras nacionalidades—introduce una nueva variable de incertidumbre. Existe una tensión clara entre los esfuerzos por estabilizar Venezuela y las políticas que podrían acelerar los retornos a corto plazo. Con más del 91% de la población venezolana viviendo en condiciones de pobreza, con acceso limitado a vivienda, educación, atención médica y trabajo formal, junto con constantes denuncias de represión política, resulta poco probable que un retorno masivo sea sostenible. En la práctica, los retornos forzosos podrían agravar la fragilidad interna de Venezuela—sobrecargando instituciones ya débiles y exacerbatando el estrés socioeconómico—y potencialmente fomentar la movilidad irregular en el área en vez de mitigarla. Las tensiones no se limitan a la política estadounidense. En América del Sur, las discusiones entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y los líderes de Perú y Ecuador han incluido propuestas para facilitar el retorno de los venezolanos. Aunque estas iniciativas se presentan como corredores humanitarios ordenados, podrían convertirse en nuevas fuentes de inestabilidad si se implementan antes de mejoras sustanciales en Venezuela. Para muchos venezolanos—particularmente aquellos que llevan casi una década en el exterior y han establecido lazos sociales y económicos profundos—el regreso no está ni asegurado ni es inmediato. Estas dinámicas resaltan la necesidad de una gestión migratoria integral que vaya más allá de un enfoque centrado únicamente en los retornos, siendo esencial para la estabilidad del hemisferio. Es poco probable que, en casi cualquier escenario político posible, se dé un retorno masivo en el corto plazo. Una fractura dentro del gobierno podría generar una nueva fase de inestabilidad, desplazamiento interno y más salidas al extranjero. Mantener el statu quo sin una transición democrática probablemente perpetuará las condiciones de fragilidad económica y debilidad en los servicios públicos que causaron el éxodo en primer lugar, ofreciendo pocos incentivos para volver. Incluso en un contexto más positivo, con una transición democrática negociada, el regreso de los venezolanos sería casi seguro gradual y selectivo, vinculado a mejoras concretas en empleo, vivienda y servicios. Esta realidad explica la cautela que predomina entre los venezolanos en el exterior. Algunos podrían considerar el regreso si aparecen señales claras de mejora económica, muchas veces mediante visitas breves al país. Otros, en su mayoría, esperarán a que una transición democrática sea efectiva antes de replantear el regreso. Un número creciente, tras años afuera, ha arraigado fuertemente en sus países de acogida: han formado familias, los hijos han crecido lejos de Venezuela y han construido redes sociales y laborales. Para esta población en expansión, incluso si las condiciones mejoran, el regreso puede parecer una posibilidad lejana, y, de darse, podría ser en forma parcial o circular, con personas desplazándose entre dos países. Es crucial reconocer esta diversidad de intenciones. Los migrantes no responden pasivamente a las señales políticas; toman decisiones activas sopesando riesgos, oportunidades, y consideraciones familiares. Las políticas que asumen un regreso rápido y masivo subestiman esta complejidad en la toma de decisiones y pueden incrementar la migración irregular si la realidad en Venezuela no satisface las expectativas creadas. Para estabilizar la situación hay tres prioridades políticas a considerar: 1. **Mantener los esfuerzos de regularización e integración.** A medida que cambian las condiciones en Venezuela, los países de América Latina y el Caribe, junto con EE. UU., deberían preservar y ajustar los mecanismos de regularización temporal y protección humanitaria. A pesar de que EE. UU. va a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en 2025, siguen existiendo argumentos sólidos a favor de restaurar este estatus para prevenir retornos masivos que debiliten los esfuerzos de estabilización en Venezuela. Las políticas de regularización en América del Sur que han facilitado la inserción laboral tienen que mantenerse para evitar un aumento abrupto en la irregularidad. 2. **Coordinar a través del diálogo regional.** La estabilización no debe intentar alcanzarse mediante esfuerzos unilaterales o bilaterales que presionen a los gobiernos a reaccionar a decisiones ajenas en un ambiente de incertidumbre. Un diálogo regional entre los países latinoamericanos y EE. UU. puede proporcionar una respuesta más sostenible. Plataformas como el Proceso de Quito y la Conferencia Sudamericana sobre Migración facilitan la coordinación y permiten que la gobernanza migratoria contribuya a la estabilidad regional. 3. **Garantizar una financiación predecible.** Muchas iniciativas de regularización y integración han tenido un respaldo financiero significativo de EE. UU. Sin embargo, la reciente disminución de la ayuda exterior ha afectado estos esfuerzos. La región ahora está más lista para captar nuevas inversiones, así como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil están más comprometidos. Se necesita crear una nueva combinación de objetivos políticos e inversiones en estabilización para que la gestión migratoria actúe como una inversión proactiva en la reducción de riesgos. Mirando hacia el futuro, la captura de Maduro no ha aclarado las incertidumbres sobre el futuro político de Venezuela, sino que ha planteado nuevas cuestiones. Aunque algunos venezolanos podrían contemplar el regreso con el tiempo, no se prevé un retorno masivo en el corto plazo, y muchos seguirán construyendo sus vidas en el extranjero. La tarea para los gobiernos no es esperar a que la situación se defina, sino gestionar la movilidad reconociendo que la integración y el retorno diferido serán probablemente elementos definitorios de la migración venezolana en los años venideros. Así, la política migratoria se convierte en un componente esencial para la estabilidad del hemisferio. Fuente: https://www.migrationpolicy.org/news/tras-maduro-migracion-venezolana

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